sábado, 24 de mayo de 2008

Tramitan quejas por alza en agua

Un expediente con 85 denuncias de residentes en Valle de la Trinidad, originadas en lo que calificaron como exagerados aumentos en las tarifas del agua, fueron canalizadas al Congreso del Estado por la Procuraduría de Derechos Humanos.
Los documentos, según se indicó, también fueron enviados a la Subsecretaria General de Gobierno, ya que los afectados señalaron que los cobros, a quienes tenían consumos de 100 pesos o menos, se incrementaron hasta 800 pesos por mes.
De acuerdo con datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDH), el expediente canalizado tiene el número de queja 0351/08 y fue enviado al Congreso del Estado y a la Subsecretaria General de Gobierno.
Ana Bell García Ornelas, visitadora de Grupos Vulnerables de la PDH, informó que las primeras 46 quejas se recibieron durante la Jornada por los Derechos y Valores organizado en la Delegación Municipal de Ojos Negros.
Sin embargo, de entonces a la fecha la cantidad creció a 85, todos los residentes dijeron haber sufrido incrementos desproporcionados en el precio del agua a partir de este año, a pesar de ser un servicio que les proporcionan regularmente dos veces a la semana.
García Ornelas comentó que para buscar una solución a la inconformidad, se solicitó la presencia de representantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) ante los residentes, sin que a la fecha se tenga respuesta de la paraestatal.
Lamentó que la no comparecencia de la Cespe haya impedido que los afectados conozcan las razones del incremento, lo que originó que los habitantes integraran un Comité Pro Defensa del Agua.
Lo presiden Emma Gómez Valenzuela, Manuela Zepeda Martínez, Abelardo Robles Hernández, Georgina Loza, Blanca Vargas González, Eusebia Covarrubias, Efraín Morales Díaz, Víctor Rocha y Manuel Ventura.
El objetivo del comité es buscar por diferentes medios se evite la aplicación de incrementos tan drásticos a las tarifas del mencionado servicio, puntualizó.
A ese acuerdo se llegó durante una reunión de trabajo en la Delegación Municipal y que contó con la presencia del subprocurador de la PDH, Carlos Campos, según se indicó.

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